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Autoridades del sector agrario violentan el campo oaxaqueño

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Los conflictos agrarios en Oaxaca dejan pueblos enfrentados, hogares con luto, dolor y llanto, además retrasan el desarrollo de los pueblos. Ante ese panorama, las autoridades del sector como la Reforma y Procuraduría Agraria (SRA y PA) se han visto ausentes y propician más enfrentamientos, como el que ocurrido entre Ayoquezco de Aldama y San Sebastián de las Grutas. 
El 24 de febrero, topógrafos del Tribunal Unitario Agrario (TUA), número 21 de esta capital realizarían trabajos técnicos para medir los límites entre Ayoquezco de Aldama y San Sebastián de las Grutas, sin embargo no acudieron, ya que cuatro días antes comuneros de ambos pueblos se enfrentaron a balazos y la sangre de cinco campesinos muertos regó la tierra que disputan desde hace 70 años.
Los conflictos agrarios en Oaxaca, que en muchos casos superan los 100 años de antigüedad, como el lío que protagonizan las comunidades San Mateo del Mar y Santa María del Mar, “son una constante porque las partes en conflicto no tienen voluntad de diálogo y con la ausencia de la Secretaría de la Reforma Agraria los problemas aumentan”, admitió el presidente de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno oaxaqueño, Encar Zamora Domínguez.
El funcionario puso como ejemplo el lío agrario que sostienen Ayoquezco y San Sebastián, al decir que desde hace siete años, por una u otra razón los propios comuneros que pelean mil 500 hectáreas de tierras han impedido que el TUA realice los trabajos técnicos de medición de límites de ambas comunidades.
Zamora Domínguez apuntó que en Oaxaca, es necesario que “se vea la mano de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de la Reforma Agraria, porque los llamados a la conciliación que hace el gobierno oaxaqueño resultan insuficientes si no van acompañados de acciones ágiles que son competencia del ámbito federal.
De acuerdo con fuentes de la SRA, en la entidad oaxaqueña prevalecen poco más de 300 conflictos agrarios. 85 de ellos están “vivos” y ocupan un espacio en los escritorios gubernamentales y poco más de 25 son considerados “focos rojos” que son monitoreados por las autoridades estatales, sobre todo en el proceso electoral donde se renovarán al gobernador, 42 diputados y 152 gobiernos municipales.
El conflicto agrario que protagonizan desde hace 50 años Chalcatongo de Hidalgo, la tierra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y Santo Domingo Ixcatlán, por la posesión de mil 300 hectáreas cubiertas de pino, está en la clasificación de “foco rojo”, pese a que a fines de febrero Ixcatlán aceptó que Chalcatongo se quede con 900 hectáreas, a cambio de una contraprestación económica que podría ascender a 15 millones de pesos.
El problema agrario que enfrentan los zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa con pequeños propietarios chiapanecos y de tipo limítrofe entre Oaxaca y Chiapas, desde 1967 por la posesión de 150 mil hectáreas, también considerado “foco rojo”, empezó a ser revisado el 11 de este mes en Huatulco.
Durante ese encuentro que concluirá este jueves, el gobierno de Oaxaca solicitará a las autoridades federales del sector la firma del convenio agrario para finiquitar, a través del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), aquellos problemas donde se alcance la conciliación, dijo Zamora Domínguez.
En la relación de conflictos sociales que sacuden a la entidad oaxaqueña, se encuentran además los que protagonizan desde 1972 los huaves de San Francisco del Mar con San Francisco Ixhuatán, que disputan 29 mil hectáreas, así como los que confrontan a pueblos de la sierra sur, la costa, Tuxtepec y sierra mixe que llevan más de 40 años en medio del derramamiento de sangre.

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