Ilegítima ley de ingresos

Tiene razón el coordinador parlamentario del PT, Ricardo Monreal Avila, en manifestar la ilegitimidad de la Ley de Ingresos aprobada en octubre del 2009 por el Congreso de la Unión, la cual fue producto de un acuerdo faccioso, y no de la voluntad de los representantes populares del país.
  Se trata de la aplicación de una legislación acordada por los jefes de los partidos políticos que retienen el poder en la Nación, pero no representan los intereses de ésta, y en consecuencia, la vigencia de la ley no es del interés general.
  Para mayores pruebas se presenta la firma como testigo de honor del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como segundo hombre más importante en México o representante personal del titular del Poder Ejecutivo Federal, de quien sigue instrucciones de acuerdo a las facultades que la Constitución otorga al presidente de la República.
  Los diputados federales en el recinto Legislativo de San Lázaro lo único que hacen es seguir las instrucciones de sus coordinadores de bancada y éstos a su vez del máximo coordinador que a su vez recibe instrucciones del líder partidista, por lo cual la cadena de intereses es visible e indignante. El Congreso de la Unión en estas condiciones no funciona como contrapeso real del Poder Ejecutivo, sino que es instrumento al servicio de intereses particulares.
  Una controversia constitucional ante la SCJN dejaría al descubierto la fragilidad de los poderes de la Nación; los ciudadanos tendremos oportunidad de conocer los alcances reales de las instituciones y nos enteraremos que éstas están más al servicio de quienes tienen secuestrado al país, que a las mayorías nacionales; así nos explicaremos el porqué unos cuantos se enriquecen cada vez más, en tanto otros se empobrecen de manera escandalosa.
  Los acuerdos, pactos y alianzas son válidos para la gobernabilidad del país, pero nunca se había caído en el ridículo de hacerlos por escrito y con testigos de honor, puesto que esto fue, y es un arma, en contra de los mismos firmantes que, por ingenuos, se ha revertido en contra de ellos. Ahora los firmantes no sólo merecen ser sometidos a un juicio político, sino relevados de sus cargos por su ineptitud en el manejo de los cargos que representan.
  Cuando menos por dignidad los priístas y panistas deberían echar a sus líderes y colocar a otros más avezados en el arte del liderazgo y buen gobierno, pues de lo contrario el ciudadano común y corriente se quedará con la idea de que la política es el arte de la mediocridad y de los acuerdos malsanos, muy lejos de quienes en el pasado sí gobernaron y realizaron pactos sustentables y efectivos sin dejar huella de los mismos.
  Cuando menos ahora la vigencia de la Ley de Ingresos firmada en octubre del 2009 y la aplicación del IVA en 16% está en duda, puesto que los diputados y senadores si es que son dignos representantes populares, podrían echarlas atrás para recuperar la credibilidad ante sus representantes y, de paso, dejar en claro que nunca han estado de acuerdo en los pactos que frenan el avance de la democracia y vayan en contra de la economía de las familias más pobres del país.
  Falta todavía mucho que ver de las consecuencias de los pactos, porque han ofendido la dignidad de los mexicanos y demuestran la poca ética de los dirigentes partidistas y funcionarios federales que seguramente recibirán la sanción .

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