Campaña de terror contra oaxaqueños

En los últimos días, previos al destape del virtual candidato del PRI a la gobernación del estado, se empezó a escribir un nuevo capítulo en la creciente inseguridad y violencia política y social.
Inició una escalada de terror, a través de una serie de llamadas telefónicas anónimas, amenazando con la explosión de bombas en diversos sitios, particularmente instituciones educativas.
Las amenazas de bomba se han enderezado contra las instalaciones de los Colegios de Bachillerato Industrial y de Servicios y el edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Santa Rosa. 
La amenaza de bomba del día se dirigió ayer contra la Clínica 2002, ubicada en la Colonia Reforma. Afortunadamente, hasta ahora todas las llamadas telefónicas han resultado falsas alarmas.
Expertos en explosivos del Ejército hicieron detonar ya un explosivo localizado en la ribera del Río Salado en inmediaciones del Instituto Carlos Gracida y el centro comercial Plaza del Valle. 
La detonación de este explosivo tipo hidrogel, lamentablemente, fortalece la posibilidad de que las amenazas de bomba puedan ser reales acrecentando el terror entre la población oaxaqueña.  
Es innegable que el objetivo perverso y siniestro de esta nueva escalada de terror hasta ahora psicológico es generar incertidumbre y zozobra entre las y los oaxaqueños en época electoral.
El gobierno del estado está obligado a investigar exhaustivamente la identidad de los presuntos autores intelectuales y materiales de las amenazas de bomba mediante llamadas telefónicas. 
En las condiciones políticas actuales, la obligación del estado es doble, primeramente, porque es su obligación constitucional garantizar la seguridad física y patrimonial de sus gobernados.
No es obligación menor también hacerlo en pleno proceso electoral para garantizar la paz social, a fin de dar certeza en materia de seguridad especialmente a las y los ciudadanos oaxaqueños.
Además del también obligado trabajo de inteligencia que deben realizar los cuerpos especializados del gobierno del estado, éste debe contar con el equipo tecnológico de intercepción telefónica. 
El equipo de tecnología de punta israelí fue comprado por el gobierno de José Nelson Murat Casab y a menos que se lo hayan robado los responsables del área debe seguir operando oficialmente.
En su momento, dicho equipo de intercepción telefónica operó presuntamente bajo las órdenes del hoy diputado federal Heliodoro Díaz Escárraga como secretario de Protección Ciudadana.
Y en este gobierno se mencionó que el ex secretario general de Gobierno y ex dirigente estatal del PRI, Jorge Franco, contaba con un centro de intercepción telefónica en su oficina, en San Felipe.
A menos que el actual diputado federal se haya llevado el sofisticado equipo de referencia al desmantelar dicho centro, no hay pretexto para no conocer la identidad de los “bomberos”. 
El rumor y el terror han sido desde siempre poderosas armas de la guerra psicológica para causar alarma entre la población de los pueblos por grupos políticos, económicos o delincuenciales.
El propósito no es otro que introducir una dinámica de zozobra y confusión entre la población, a fin de obligarle a aceptar determinadas decisiones o acciones por parte de determinado grupo.
Las y los oaxaqueños tenemos el derecho de que las autoridades investiguen la identidad de los responsables de las amenazas de bomba pueden pedir apoyo a Seguridad Federal y al Ejército. 


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